ORDEN DE DETENCION EUROPEA Y ENTREGA - ASISTENCIA LEGAL FOR DUMMIES

orden de detencion europea y entrega - asistencia legal for Dummies

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c) Aun cuando no se den estas condiciones, si el Juez Central de lo Penal ha consentido la ejecución de la sentencia en España salvo que, en virtud de las declaraciones efectuadas por el Estado español, este consentimiento no sea necesario.

La extradición es un proceso legal que permite a un estado solicitar la entrega de una persona que se encuentra en otro estado. La solicitud se realiza para que la persona pueda enfrentar cargos por delitos cometidos en el estado solicitante.

d) Cuando, antes de decidir sobre el reconocimiento y la ejecución de la resolución condenatoria, el Juez Central de lo Penal presente una solicitud para que la persona de que se trate sea procesada, condenada o privada de libertad en España por una infracción cometida con anterioridad a su traslado y distinta de la que lo hubiera motivado, y la autoridad competente del Estado de emisión no diera su consentimiento.

4. En el supuesto de que España sea el Estado emisor, las autoridades judiciales competentes consentirán la no aplicación del principio de especialidad cuando el Estado de ejecución le presente una solicitud de consentimiento acompañada de una orden europea de detención y entrega y exista la obligación de entrega de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

e) Cuando no se cumplan los requisitos exigidos para la transmisión de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.

three. La autoridad judicial española podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una orden o resolución cuando se refiera a hechos que el Derecho español considere cometidos en su totalidad o en una parte importante o basic en territorio español.

¿Quién se encarga de la ODE en nuestro país? En lo que respecta a nuestro país, es útil especificar que Italia ejecuta la orden de detención europea según el principio del reconocimiento mutuo, siempre que la orden de detención europea provenga de una autoridad judicial y que, cuando se emita con el fin de ejecutar una pena o medida de seguridad privativa de libertad, la sentencia a ejecutar sea ejecutiva.

38. Subraya que no existe ningún mecanismo que garantice un seguimiento adecuado de las garantías que ofrecen las autoridades judiciales emisoras después de la entrega; solicita que la Comisión estudie posibles medidas en esta dirección;

2. La autoridad competente para reconocer y acordar la ejecución de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad será el Juez Central de lo Penal.

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E. Considerando que weblink la cooperación judicial de la Unión en materia penal se basa en el reconocimiento mutuo formulado por el Consejo Europeo de Tampere de 1999; que el Tratado de Lisboa modificó significativamente la configuración constitucional de la Unión have a peek at this web-site y proporcionó, en el artículo eighty two del TFUE, una base jurídica expresa para las normas y procedimientos que garanticen el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales en todas sus formas;

one. Cuando el afectado tenga su domicilio o residencia en España y salvo que el procedimiento extranjero se hubiera declarado secreto o su notificación frustrara la finalidad perseguida, se le notificarán las órdenes o resoluciones judiciales extranjeras cuya ejecución se haya solicitado.

– Visto el informe last del Consejo, de 27 de mayo de 2009, sobre la cuarta ronda de evaluaciones mutuas – Aplicación práctica de la orden de detención europea y de los procedimientos correspondientes de entrega entre los Estados miembros,

two. La ejecución en España de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad transmitida por el this contact form Estado de emisión no estará sujeta a Manage de la doble tipificación cuando se refieran a hechos tipificados como algunos de los delitos que se enumeran en el apartado one del artworkículo 20, siempre que estén castigados en el Estado de emisión con penas o medidas privativas de libertad cuya duración máxima sea de al menos tres años.

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